Balance de las alegaciones a la propuesta del
Real Decreto del Gobierno
El Decreto cierra las
puertas al autoconsumo
y a las renovables y deja
indefensos
a los consumidores
La nueva
norma genera una clara inseguridad jurídica en el sector y para los
consumidores, además de ser contraria al fomento de la competitividad
empresarial
Con ella se
cierra las puertas al autoconsumo y a las instalaciones de energías renovables
en la Península
El Real
Decreto es contrario a las Directivas Europeas
2002/91/CE, 2012/27/CE, 2009/72/CE, 2009/28/CE
Madrid,
2 de agosto de 2013. La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de España, miembro fundador de la Plataforma
para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético, valora
muy negativamente la reforma que supone el contenido de esta Propuesta de RD.
Las asociaciones que componemos la Plataforma llevamos esperando una regulación
clara y sin ambigüedades de las modalidades de suministro mediante Autoconsumo.
Con carácter general, entendemos que el mismo contiene disfunciones e
incoherencias que impiden el cumplimiento de sus objetivos, y que por tanto
deberían ser tenidas en cuenta.
Son tales las disfunciones
detectadas en la Propuesta de RD que, al contrario que en los países de nuestro
entorno, en el caso español se provoca una paralización total de la industria
fotovoltaica, minieólica y de otras tecnologías renovables en particular, como
consecuencia de la indebida creación de los nuevos peajes bajo el concepto de
“Peajes de respaldo”, que, en la práctica, hacen inviable el autoconsumo y
carecen de justificación alguna pues penalizan con cargo a la red de transporte
y distribución a quienes no la emplean, lo que hace que no se respete la
garantía material de toda prestación patrimonial pública que exige dicha
equivalencia.
Asimismo, la Propuesta de RD incurre también en una infracción del Derecho Comunitario aplicable,
en relación con la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, del mercado
interior de la electricidad y también con respecto a la Directiva 2009/28/CE,
de 23 de abril, de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Además, la nueva
norma genera una clara inseguridad jurídica en el sector y para los
consumidores, además de ser contraria al fomento de la competitividad
empresarial
En otro sentido, FENIE considera que el Real Decreto dificulta muy
seriamente cualquier política activa a favor de la eficiencia energética, que
es una de las formas de ahorro más viables para nuestro país, y pone muy en
entredicho un objetivo clave de la
Comunidad Europea para el año 2020, como es lograr una mejora del 20% en la
eficiencia energética hasta esa fecha.
Por
todo ello, desde FENIE y desde la Plataforma para el Impulso de la Generación
Distribuida y el Autoconsumo Energético solicitamos que se tengan en
consideración nuestras alegaciones, de cara a una modificación del Real Decreto
y para evitar la paralización en
el sector del autoconsumo. Además estamos convencidos de que nuestra solicitud
está alineada con el interés de los consumidores y apelamos a la Directiva
2009/28/CE de 23 de Abril de fomento del uso de energía procedente renovables,
que exige que los peajes no supongan una discriminación de la electricidad
procedente de fuentes de energía renovable y que fomenten la generación
distribuida.
El
desarrollo de un modelo de generación distribuida apoyado en el autoconsumo con
balance neto aportaría un importante valor al país en su conjunto, estimularía
localmente el empleo y la actividad económica, sería además un factor más de
eficiencia y competitividad para toda la industria y servicios, cumpliendo así
con los objetivos fijados por la Unión Europea. Todo ello dirigido a los
objetivos medioambientales suscritos por el Estado y disminuyendo, además, la
dependencia energética futura en combustibles importados.
Asimismo,
el Gobierno Autonómico de Murcia, a través de su presidente, Ramón Luis
Valcárcel, ha anunciado que presentará un Recurso de Inconstitucionalidad
contra la citada reforma energética porque «se genera un daño importante a los intereses legítimos de
las personas que han invertido en energía fotovoltaica». También la Generalitat
de Catalunya ha amenazado con llevar la reforma ante el Tribunal
Constitucional, su consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat,
Felip Puig, afirmó que "una vez más, el Estado español no ha hecho de
Estado y no ha velado por los intereses de la economía catalana".
Sobre FENIE
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Luis García
Responsable de Comunicación
FENIE
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